Avanza en el Senado reforma que obliga a vacunar a los menores de edad
El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen por el que se reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, con base en su derecho a la protección de la salud y en apego al principio de interés superior de la niñez.
La propuesta establece que las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda estarán obligadas a que las y los menores reciban las vacunas referidas, salvo que medie justificación médica certificada en contrario.
El incumplimiento deliberado o sin que medie justificación médica certificada para impedir contravenir dicha obligación dará lugar a que las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, haga uso de las atribuciones que le confiere la ley en la materia para realizar acciones dirigidas a efectivizar la vacunación.
Asimismo, propone que las autoridades educativas y escolares de promuevan, en coordinación con las autoridades sanitarias, la aplicación de las vacunas y demás acciones dirigidas a proteger la salud de las y los educandos.
Al momento de la inscripción o reinscripción de personas menores de edad a los servicios educativos, públicos o privados, las autoridades escolares deberán solicitar la Cartilla Nacional de Vacunación con el propósito de verificar el cumplimiento del esquema de vacunación de niñas, niños y adolescentes.
En caso de que no se cuente con el documento requerido o de que dicho esquema esté incompleto, la autoridad escolar deberá canalizarles a la institución de salud correspondiente para que se expida la Cartilla o sean aplicadas las vacunas faltantes.
De advertir una negativa reiterada e injustificada para que las y los educandos sean vacunados, la autoridad escolar podrá solicitar la intervención de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes para mediar en el caso.
En la presentación del dictamen, la senadora Josefina Vázquez Mota, del PAN, destacó la importancia de garantizar el derecho a la salud de niñas y niños, en materia de esquemas de vacunación.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia subrayó la importancia de tener conciencia sobre la aplicación y observancia de los programas de vacunación.
La senadora Ana Lilia Rivera, indicó que es necesario fortalecer los mecanismos para asegurar la salud y evitar la propagación de enfermedades, para lo cual, la vacunación es uno de los más importantes y con ello se atenderá al sector poblacional más vulnerable.
La también presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, resaltó que el dictamen que modifica 11 artículos de tres leyes en la materia, constituye una herramienta jurídica trascendental con el fin de asegurar el interés superior de la niñez en materia de salud.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, autor de la iniciativa, destacó que se trata de una reforma trascedente que eleva la obligatoriedad de las vacunas para menores, especialmente, en el actual contexto del Covid-19.
“No es cualquier cosa esta reforma. Es trascedente, no es para llenar la agenda. Se trata de un tema fundamental”, aseveró.
Indicó que se reforman once artículos de tres leyes para establecer, por primera vez, una obligatoriedad para padres de familia y una corresponsabilidad con las instituciones de educación y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes “en una causa noble”.
Desde la tribuna, expuso que hay una campaña “muy fuerte” para alentar a la población a no vacunarse. Es un movimiento por motivos fundamentalmente religiosos, pero también políticos, e incluso, económicos.
Advirtió que el movimiento antivacunas ha ido avanzando en el mundo y México no es la excepción. Ha provocado rebrotes de enfermedades que creíamos ya superadas como el sarampión, alertó el senador.
El proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Salud; y de la Ley General de Educación, fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
