10 y 11 de septiembre; el intento
Por Mario A. Medina
El 11 de septiembre de hace 51 años, el gobierno socialista de Salvador Allende llegó democráticamente al poder en Chile; llevó a cabo reformas sociales y económicas significativas. De inmediato enfrentó fuertes resistencias de sectores conservadores y poderosos intereses económicos, apoyados por la CIA desde Estados Unidos.
Uno de esos poderes fue la Corte Suprema que, en 1972, denunciaba que el gobierno los estaba “arrastrando a violentas luchas de la política contingente”. Allende, en 1971, había nacionalizado el cobre; el Estado se hizo cargo de los yacimientos del país y expropió los que se encontraba en manos de extranjeros. Esto enojó a gobiernos y empresas internacionales.
En 1972, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Eduardo Novoa Monreal, se refería al máximo tribunal de justicia chileno como uno de los sectores más conservadores de la sociedad; lo acusó de obstaculizar “el cumplimiento del programa de gobierno”. Decía aún más: “es un incondicional defensor del estatus social, económico y político vigente, y reprueba a quienes luchan por los cambios sociales”.
Entre el martes 10 y las primeras horas del miércoles 11, los mexicanos fuimos testigos de un hecho histórico, la aprobación de una reforma al poder judicial del que aseguran empleados de este mismo poder: “está bien como está”, pues presumen: “es independiente y está sometido al imperio de la ley”.
Ejemplos de la corrupción de nuestro poder judicial hay miles. En la memoria de millones de ciudadanos está aquella famosa frase de: “ahí échele en el cajoncito” o la más reciente, la del ministro Luis María Aguilar, quien guardó en la gaveta de su oficina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el expediente del dueño del Grupo Salinas, Ricardo Salinas, para tratar de impedir pague al fisco miles de millones de pesos.
Desde luego los empleados del poder judicial y estudiantes tienen todo el derecho a pronunciarse, a exponer sus diferencias con la reforma; sin embargo, la incursión violenta a la sede del Senado de Reforma e Insurgentes,tuvo un propósito claro, dar un “golpe técnico de Estado” para impedir que el poder parlamentario cumpliera con su función legislativa, responsabilidad expresa en el texto constitucional.
¿Cuántos de quienes participaron en ese asalto eran realmente empleados del Poder Judicial? Arlín Medrano, activista digital, pudo identificar a ciertos jóvenes que incluso ya fueron diputados locales de la CDMX; familiares de la diputada federal Carolina Viggiano o la hija de Rosario Robles Berlanga.
Otros como el muchacho de chaleco naranja que aspiró a propósito el polvode los extinguidores y se tiró al piso, e hizo su teatro para buscar acusar de haber sido agredido; es militante del PRI, y apapachado en el mismo salón de sesiones por el Senador panista, Ricardo Anaya, quien victimizó al muchacho para hacer más “dramática” la escena.
Arlín identificó a algunos más. Varios cercanos a Xóchitl Gálvez o a su hijo, Juan Pablo, pero también a quien trabaja o trabajó como analista en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X. González.
La acción no fue un hecho de protesta por no haberlos dejado opinar, como se acusó. Fue a todas luces una acción, un intento golpista de la derecha que busca arrebatar lo que no ganó en las urnas. Por eso su operación continuó en los congresos estatales de las 32 entidades del país. No lo lograron.
Es claro que su operación no se detendrá. Su guerra seguirá. Están decididos, insisto, a asaltar el poder y recuperar sus canonjías, como bien lo describe la declaración de este jueves de la directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la jueza Juana Fuentes: “No nos detendremos hasta que la justicia, tal y como la conocemos, vuelva a ser un pilar firme y seguro”. Sí, es claro lo que piden, que el sistema de justicia siga siendo el mismo que hemos sufridos las y los mexicanos, pero que los ha enriquecido grotescamente a ellos y ellas.
Entre los empleados del poder judicial hay incertidumbre, porque muchos ya están fastidiados con las guardias del paro y, si bien a muchos no les gusta el propósito de la reforma, aceptan que el desprestigio y la corrupción del poder judicial donde trabajan es tan grande, provocó se aprobara una reforma de gran calado, como la enviada por el presidente de la República.
Ministros y magistrados, empujaron, azuzaron a los empleados del poder judicial, como carne de cañón para tratar de impedir que, primero, en la Cámara de Diputados, después en el Senado y, finalmente, en los congresos estatales, no aprobaran la iniciativa presidencial.
Entre los trabajadores del edificio del Consejo de la Judicatura se debatía sí o no se debería impedir que el próximo 1 de octubre, Claudia Sheinbaum protestara como la primera mujer presidenta de México. La decisión final fue un no contundente porque estaban claros que la medida podía escalar a niveles preocupantes, no porque fueran a ser reprimidos, sino por el desprestigio que ya se habían ganado frente a una población mayoritariamente a favor del gobierno de la 4T.
Efectivamente, el poder judicial se niega a perder privilegios, que van desde canonjías que tienen empleados de diferentes niveles del poder judicial hasta los millonarios salarios y compensaciones de ministros y magistrados, pero, sobre todo, el poder seguir con los jugosos negocios millonarios protegiendo a empresarios, políticos, pederastas, violadores, narcotraficantes.
Como en aquel 1973 chileno en el que la Corte Suprema obstaculizaba el cumplimiento de los programas del gobierno de Allende y reprobaba los cambios sociales, ocho ministras y ministros de la SCJN de nuestro país, de la misma manera, ideologizan sus fallos y se constituyen con el poder económico, político, los medios de comunicación y la derecha “intelectual”, en un auténtico frente, no sólo contra López Obrador, quien ya se va, sino contra quien llega, Claudia Sheinbaum, en un intento de golpe de Estado legaloide, pero también contra la misma población a la que por décadas el poder judicial nos ha regalado sólo injusticia.
Aunque la Corte anunció que levantará el paro de labores “a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto de reforma constitucional en materia del Poder Judicial”, en los próximos días, lo que parecía una buena señal, este viernes nuevamente conocimos de un nuevo intento por frenar la reforma.
El juez del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, aunque es un absurdo, ordenó suspender la publicación del decreto de la reforma judicial, aprobada por el Congreso de la Unión y diversos congresos locales en el DOF.
Esta acción de los magistrados del tribunal federal es una muestra más que su guerra contra Morena va. No hay que olvidar que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, a través de su red social X, advirtió amenazante días atrás: “… que no haya paz para el gobierno”.
Ha sido un llamado clarísimo a encender la pradera.
Sólo una cosa, ella no es Emiliano Zapata. No, para nada.
Que no le cuenten…
Dice Ignacio Morales Lechuga, personaje cercano a Carlos Salinas de Gortari: “La toma del Senado es un primer símbolo de la fractura entre la sociedad y el gobierno”. Es una más de sus narrativas que la derecha busca posesionar. Una mentira que nomás no les prende.
