Validan en Comisión de San Lázaro reformas para preservar seguridad y autosuficiencia energética y proveer electricidad a menor precio
La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política para establecer que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en el área estratégica del “servicio de Internet que provea el Estado y el litio”.
Asimismo, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional “cuyos objetivos serán asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado”.
Indica que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad”.
Añade que “el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará, de manera sustentable, toda fuente de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.
Se cambian los términos de empresas “productivas” por empresas “públicas”.
El dictamen, aprobado en lo general con 21 a favor y 18 en contra y, en lo particular, con 21 en pro y 16 en contra, deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal e incluye diversas iniciativas presentadas por diputadas y diputados. Se remitió a la Mesa Directiva para efectos constitucionales.
Los transitorios precisan que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a las leyes secundarias correspondientes, en los términos de éste.
También, estipulan que se deroguen los artículos transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2013 que se opongan a las disposiciones materia del presente decreto.
El documento señala que estipular que el servicio de Internet que preste el Estado no será clasificado como monopolio, atiende a la necesidad de garantizar el derecho de las personas de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha de Internet, sin que ello implique un beneficio económico, sino una responsabilidad de Estado.
También refiere que es procedente introducir la categoría de empresas públicas, en lugar de empresas productivas del Estado, ya que las empresas productivas estatales tienen un perfil de carácter negocial con participación privada y buscan la generación de rentas como si se tratara de un agente económico muy próximo al privado, mientras que las empresas públicas tienen una naturaleza definidamente público, de interés social, y se orientan a la producción y prestación de bienes y servicios públicos.
Discusión en lo particular
En la discusión en lo particular, se aceptó la reserva presentada por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) para modificar los artículos 27, 28 y adicionar un transitorio.
A favor de esta reserva se pronunció la diputada, María Guadalupe Chavira de la Rosa y los diputados, Hamlet García Almaguer y Juan Ramiro Robledo Ruiz, todos de Morena. En contra, Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), Braulio López Ochoa Mijares (MC) y Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN).
Se rechazaron las reservas presentadas por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) y los diputados del PRI Rubén Ignacio Moreira Valdez, Reynel Rodríguez Muñoz y Eduardo Zarzosa Sánchez, del PAN, Miguel Humberto Rodarte De Lara y de MC, Mario Alberto Rodríguez Carrillo.
