Niega Sedatu adeudos por terrenos en Santa Lucía; advierte intereses ajenos

Sobre las protestas de ejidatarios por el pago de terrenos aledaños a la Base Aérea de Santa Lucía, donde se construye el Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles”, el gobierno federal aclaró que no se ha dado ningún proceso de expropiación ni existen adeudos, y acusó que se han involucrado intereses ajenos a los de la comunidad.

La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que todos los terrenos del ejido de Xaltocan han sido adquiridos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante compra-venta, pagando al momento de la firma del contrato.

Precisó que el 10 de marzo de 2019, en la Asamblea General para llevar a cabo el proceso de Consulta libre, previa e informada para la ampliación y habilitación como “Aeropuerto Mixto Civil/Militar con categoría internacional en la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía”, se acordó que Sedatu declararía terrenos nacionales alrededor de 653 hectáreas, de las cuales 525 serían entregadas legalmente y con escrituras a la comunidad, según el listado que esta definiera, pues era una petición que llevaba más de 10 años.

Explicó que las 128 hectáreas restantes (que representan el valor de realizar los trámites de reconocimiento y escrituración) serían para la Secretaría de la Defensa Nacional y el Proyecto Aeroportuario.

Para el cumplimiento de los acuerdos, el 26 de abril de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dos declaratorias de terrenos nacionales: una por 128 hectáreas que se pusieron a disposición de la Sedena y la segunda por las 525 hectáreas para regularizar a favor de 722 comuneros solicitantes.

La Sedatu recordó que el 9 de junio del año en curso, una comisión de 10 representantes de la comunidad se reunió en instalaciones del Frente 2 de Construcción del Proyecto Aeroportuario Felipe Ángeles con funcionarios de las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En el tema de tierras, la demanda de la mayoría de los representantes fue exigir el cumplimiento inmediato y estricto del acuerdo de la Asamblea Indígena; sin embargo, algunos pobladores de Xaltocan han solicitado que también se paguen las 128 hectáreas de los terrenos nacionales que ahora son de Sedena.

Subrayó que el acuerdo firmado el 9 de junio para retirar la toma de las vías férreas y comunicaciones, ratifica lo acordado por la Asamblea de la Consulta Indígena, por lo que Sedatu se comprometió a avanzar rápidamente en la titulación de las hectáreas acordadas en la asamblea del 10 de marzo de 2019, que actualmente son terrenos nacionales y que deben pasar a ser propiedad de los comuneros que tienen posesión de las mismas.

Señaló que este acuerdo fue firmado por los 10 representantes designados por los inconformes.

El gobierno federal denunció que tras la publicación del Acuerdo de Declaración de Terrenos Nacionales de abril de 2019, surgieron intereses de particulares ajenos a la comunidad que interpusieron un amparo contra esta acción de Sedatu, los mismos intereses que desde antes habían impedido que los comuneros de la región pudieran regularizar su propiedad como comunal.

Ante ello, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso de cumplir el acuerdo con la Asamblea en beneficio de los comuneros y su disposición de cumplir con las peticiones de la Asamblea y avanzar en el proceso de titulación de parcelas.

Explicó que el 18 de junio de este año se acordó con la comunidad que a más tardar en septiembre iniciarán las obras del Programa de Mejoramiento Urbano, que incluyen inversiones en educación, agua y mejoramiento urbano.

Específicamente se realizará la remodelación de la plaza principal, se construirá un centro comunitario, el museo de Xaltocan y se ampliará la secundaria con aulas nuevas.

Adicionalmente, se informó a la comunidad que la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), tienen programado otorgar 400 apoyos para el mejoramiento y ampliación de vivienda, beneficio adicional a los acuerdos de marzo de 2019.