El Cereso número 3; la colusión
Por Nacho Ramírez
Se dice que tenían años gobernando el Centro de Reclusión Social (Cereso) número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se suponía que eran las autoridades estatales quienes gobernaban el reclusorio, si acaso lo administraban. El verdadero gobernador en los hechos era Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, uno de los líderes de Los Mexicles, perteneciente al grupo Gente Nueva, brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa.
Durante décadas los centros penitenciarios han estado en manos de la delincuencia. La corrupción es la que manda allí. Habían transcurrido apenas las primeras seis horas del año nuevo cuando 30 reos se fugaron del penal dejando un saldo de 17 personas asesinadas.
Un comando del cártel de Sinaloa tenía como propósito principal, liberar a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, considerado uno de los líderes criminales más sanguinarios del país, pue si bien vivía como rey en el Cereso número 3, su pena sumaba algo así como 200 años en prisión. Estaba condenado a no volver a pisar la calle y salir de ahí “con los pies por delante”. Por eso el operativo para liberarlo.
Es claro que la nota de la evasión en las primeras horas del primer día del nuevo año iba a ser un escándalo. De inmediato muchos salieron a responsabilizar a las autoridades federales “por su incapacidad” para evitar la escapatoria. La responsabilidad del Cereso número 3 no era del gobierno del gobierno federal, es del estatal.
Administrativa y jurídicamente el penal está bajo el compromiso del gobierno panista que preside María Eugenia Campos y no de la administración federal morenista. Integrantes del gabinete de seguridad señalaron que el motíny el posterior ataque hicieron evidente que al interior de esa cárcel se dieron las condiciones que favorecieron la evasión.
Y como no, se hallaron armas largas y cortas, cargadores, cartuchos de diferentes calibres, diez celdas VIP, drogas, celulares y una caja fuerte con más de 1.7 millones de pesos. Esto no se dio en un par de semanas o en unos cuantos meses. Es una realidad de años, donde los responsables no sólo son los custodios, ni tampoco sólo los directivos del centro penitenciario. Detrás están autoridades de primer nivel, desde luego la gobernadora.
El exgobernador panista Javier Corral Jurado, quien tiene serias diferencias con la gobernadora Campos, acusó a ésta de tener que ver con “los hechos al propiciar la corrupción y enfrentamientos al tener nuevamente en los penales de Chihuahua a cargo del grupo de Eduardo Guerrero Durán, así como de que en el poder ejecutivo y judicial haya personas de César Duarte ocupando altos mandos”.
Desde luego llama la atención que el panismo que encabeza su dirigente, Marko Cortés, como tampoco, por ejemplo, la Senadora Xóchitl Gálvez, que es muy dada a tocar estos temas, estén callados, en silencio, pues nuevamente un gobierno panista se ve involucrado en la fuga masiva de integrantes de grupos delincuenciales, en este caso, “Los Mexicles”.
Ya antes, a “El Neto” se le había acusado de haber propiciado otra matanza el 11 de agosto pasado cuando 11 personas fueron asesinadas durante ataques a civiles, incendios de autos y negocios en Ciudad Juárez para evitar su traslado a un centro de reclusión federal.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez afirmó que no hubo petición expresa del gobierno estatal para que “El Neto” fuera trasladado a un penal de mayor seguridad, y si bien no acusó que la fuga se debió a una colusión entre el gobierno panista y “Los Mexicles”, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Juárez, Jesús Manuel Salayandia, acusó: “la estrategia de seguridad del gobierno estatal es fallida”, y fue más allá cuando exigió aplicar la ley “a las autoridades que permitieron” la fuga y el motín.
