Reformas judiciales ocasionarán retrasos procesales, advierte directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taissia Cruz Parcero
Las reformas constitucionales en materia de justicia preocupan porque atentan contra la división de poderes, el respeto a las libertades, a la garantía a los derechos sociales y generarán nuevos retrasos procesales en perjuicio de las personas privadas de su libertad, advirtió la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), magistrada Taissia Cruz Parcero.
Al presentar el Informe Anual 2023-2024, señaló que la sustitución de personas juzgadoras que se avecina con motivo de la reforma judicial enciende las alertas en la judicatura, la academia, el gremio de abogadas y abogados, las y los activistas y las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos.
Expuso que el traslado de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas con facultades de investigación de los delitos; el aumento del catálogo de aquéllos que ameriten prisión preventiva oficiosa, en expreso desacato a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la introducción de la figura de los jueces sin rostro; la previsión de mecanismos disciplinarios que serán una amenaza constante para la independencia judicial; y la mal llamada reforma de supremacía constitucional; no son compatibles con la democracia sustantiva.
Dijo que para el IFDP la reforma en ciernes constituye un gran reto, pues en muchas ocasiones habrá que volver a empezar para explicar a los nuevos juzgadores cuáles son las reglas del debido proceso, qué consecuencias tienen las violaciones a derechos humanos y qué significan las perspectivas diferenciadas, entre otros temas.
En el Informe se indica que en el último año, el IFDP prestó 32,418 nuevas representaciones en materia de defensa penal; 2 mil 639 a personas en situación de vulnerabilidad. Se obtuvieron 9 mil 598 resoluciones favorables en el sistema penal acusatorio y mil 474 libertades, mientras que en el sistema penal tradicional se lograron 210 resoluciones a favor y 475 libertades.
Durante el periodo que se reporta, se brindaron 46 mil 769 servicios de asesoría jurídica; 9 mil 363 orientaciones de primer contacto y 10 mil 231 a través de DEFENSATEL en sus modalidades telefónica y digital. Del universo de personas atendidas, 48 por ciento son mujeres y 52 por ciento hombres. Además, se otorgaron 396 servicios a personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas.
Durante el evento se entregaron los reconocimientos: Medalla “Ponciano Arriaga”, a la Mejor Persona Defensora Pública, a Karina Fernández Ortiz, y Medalla “Jacinto Pallares” a la Mejor Asesora Jurídica, a María Elena Rascón Félix.
A la presentación del Informe Anual asistieron integrantes de la Junta Directiva y servidores públicos del IFDP, titulares de órganos auxiliares del CJF, de órganos jurisdiccionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil
