Concluye quinto foro de diálogos nacionales sobre la reforma judicial, en Veracruz

Diputadas y diputados federales, senadora y senador electos, así como magistradas y representantes del Poder Judicial de la Federación, especialistas y académicos, participaron en el quinto foro de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial enviadas por el Ejecutivo Federal, para analizar el tema “Reforma al Consejo de la Judicatura Federal: Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración”.

La Constitución establece que órganos o poderes son inatacables

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) mencionó que en ocho ocasiones la Constitución Política establece que determinadas decisiones de los órganos o poderes son inatacables. Aclaró que la Sala Superior es la única instancia que puede calificar la elección presidencial y no hay un recurso en esta materia. 

Dijo que valorando la convencionalidad y los argumentos que se han vertido, esto se resuelve si el Tribunal de Disciplina Judicial tiene salas regionales colegiadas y una sala superior; por ello, es necesario conocer de las y los ponentes qué opinan sobre que ese Tribunal tuviera dos instancias.

La democracia no es la representación de la mayoría

Por el PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell afirmó que la propuesta tiene un contrasentido, ya que someter al voto popular tanto al Tribunal, jueces de distrito y colegiados de apelación, pone en riesgo la seguridad jurídica de las personas. 

Argumentó que una democracia no es la representación de la mayoría, sino la defensa de los derechos humanos de cada individuo y de las minorías. “Se habla mucho que el Poder Judicial Federal es corrupto, pero esto ocurre en las fiscalías y poderes judiciales locales, donde hasta piden dinero para ir a notificar”.

La democracia nunca va a ser retroceso

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, consideró que hoy el Poder Judicial no está otorgando justicia. “Nosotros lo que pedimos es justicia. No pedimos ni que sean chistosos ni populares, porque quienes estamos en el origen del voto popular no estamos por chistosos ni populares; en todo caso, estamos por nuestro compromiso con el pueblo, entrega, firmeza, combate a las injusticias y por impulsar el proceso de trasformación; nunca va a ser retroceso la democracia”. 

Resaltó que la acción de que el pueblo decida a las personas juzgadoras se llama democracia. “A quienes no les guste la democracia, están equivocados porque ese es el sistema que la humanidad ha desarrollado como el más adecuado y en donde todas y todos valemos lo mismo; respeto a la dignidad y el criterio de cada uno y en donde la mayoría decide, esa fue la decisión del pueblo el 2 de junio y la vamos a cumplir”.

No se debe desacreditar al Poder Judicial

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) señaló que el principio fundamental de esta reforma tiene que velar por entender que en el Poder Judicial hay cosas y personas que valen la pena y no desacreditarlas, porque no todo está mal. Llamó a integrar un presupuesto constitucional para que la autonomía sea más viable.

“Lo que hace falta ver es que la reforma es necesaria, sí, pero no porque esté mal; yo creo hay cosas que se pueden corregir, pero, si partimos de la idea de que todo está mal y hay que modificarlo estamos dando un efecto con una connotación negativa que a la postre se va a traducir evidentemente en que la gente pueda tener una mala opinión de esa magnitud”, agregó. 

La reforma obedece al compromiso de cambio de régimen

La diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena) dijo que esta reforma no es irresponsable, al contrario, está bien preparada y obedece al compromiso de cambio de régimen. “Desde el día que tomo protesta el actual Presidente de México dijo con claridad que iniciaba una transformación de la vida pública de México y cambio de régimen, lo cual implicaba analizar, diagnosticar y revisar la relación entre los tres poderes que conforman la nación”.  

Manifestó que como presidenta de la Comisión de Seguridad Social no comprende la discrecionalidad respecto a la decisión que han tomado todos aquellos que han dictaminado desfavorables para las y los trabajadores de este país en materia de pensiones. “No entendemos por qué no atienden y revisan los casos contra los trabajadores que luchan porque se les regresen sus ahorros de cesantía y vejez, aquellos que pelean porque sus aumentos no sean medidos en UMA sino en pesos, entre muchas cosas más”.

No se pretende despedir absolutamente a nadie

Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez precisó que el sentido de la reforma no es despedir absolutamente a nadie, al contrario, busca que quien está dentro de ese poder y haya tenido un buen desempeño pueda tener la oportunidad de reelegirse o participar dentro de los procesos de elección, así como generar una nueva figura: el Tribunal de Disciplina Judicial que sí cumpla con los estándares.  

Estos foros, agregó, son para que participen todas, todos, trabajadores, ministros, jueces y magistrados, y que se pueda elaborar esta iniciativa de manera conjunta, por lo que invitó a que con su experiencia abonen para que sea una reforma en beneficio del pueblo de México.

La justicia en este país está corrompida

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, senador electo por el PT para la LXVI Legislatura, subrayó que una base central de esta reforma es el tema de corrupción, porque la justicia en el país está corrompida y de lo que se trata es que el pueblo pueda decidir de manera franca directa quienes tienen que practicar. 

La democracia y el conocimiento del pueblo, destacó, van a hacer que el Poder Judicial se perfeccione. Con este evento, aseguró, se busca encontrar lo mejor de las inquietudes y propuestas, a fin de que este diálogo tenga algún beneficio para la reforma. “El pueblo va a decidir por el voto popular, que es la esencia de la reforma”.

Diálogos están apoyados y cimentados en las asambleas

La senadora electa para la LXVI Legislatura, Claudia Tello Espinosa (Morena), expuso que estos diálogos están apoyados y cimentados en las asambleas que se realizan en el parque y las calles, donde la población levanta la mano y solicita que se impulsen las reformas en materia judicial, ya que argumentan que no conocen quiénes son los juzgadores, es decir, no sólo se requieren perfiles académicos, sino éticos.

Subrayó que la principal intención de estas adecuaciones normativas es otorgar a la población herramientas que las haga partícipe y se considere su solicitud y voto a favor del Plan C, el cual impulsa la reforma al Poder Judicial

Respuestas de las y los ponentes

Lilia Mónica López Benítez, magistrada consejera de la Judicatura Federal, indicó que el presupuesto destinado al Poder Judicial es distribuido en las 32 entidades federativas donde tiene presencia, que cuenta con 931 juzgados y tribunales y 50 mil empleados.

Añadió que los recursos también se han focalizado para la creación de órganos que generen cercanía con las y los usuarios del sistema de justicia, la capacitación del personal y dar una cara diferente a la justicia, mediante el impulso de las salas de justicia oral, para lo cual se han destinado más de 6 mil millones de pesos y actualmente, se trabaja en la consolidación de la reforma penal, así como evitar opacidad y corrupción.

Propuso crear una especialidad en impartición de justicia, donde todas las personas interesadas puedan ingresar mediante cursos y exámenes; es decir, se diseñe un concurso de oposición diferente al actual para que al final puedan ser votadas, lo cual dará la certeza que llegan los mejores perfiles para los cargos de magistrados, jueces y ministros.

Nadia Villanueva Vázquez, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, mencionó que se han hecho señalamientos directos en contra de más de mil 600 juzgadores operadores jurídicos como corruptos, así como de más de 50 mil integrantes del Poder Judicial de la Federación, “sin sustento y sin una denuncia correspondiente que esté basado en pruebas”. 

Añadió que la propuesta del voto popular está basada en señalamientos de corrupción que no tienen ningún sustento ni ninguna prueba y que dejan en la sociedad una idea incorrecta de lo que es el desempeño de los servidores del Poder Judicial de la Federación.

La magistrada de Circuito Selina Haidé Avante Juárez, adscrita al Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Xalapa, aseveró que se debe de dialogar y no perderse en descalificaciones porque es demasiado importante lo que se está trabajando. “La democracia, el pueblo y el servicio deben ser los objetivos. Los invito a que pongamos lo mejor, a fin de tener un sistema de justicia integral, eficaz y casi perfecto; trabajemos por México”.

Aclaró que el trabajo del Poder Judicial no es ir a preguntarle al pueblo, sino defender sus derechos y eso es lo que hacemos todos los días. “Sí hemos hecho propuestas sobre la reforma, con la experiencia jurídica y académica es que vemos que esta reforma no es viable. No hay elementos para realizar una reforma en donde tengamos representantes populares en lugar de juzgadores calificados. Un Tribunal de Disciplina no es una opción, se necesita fortalecer al Consejo de la Judicatura Federal”. 

Hortencia María Emilia Molina de la Puente, magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dijo que el diálogo tendría que partir de nuevas propuestas para mejorar el sistema de justicia. “Incluyamos a todos los operadores del sistema de justicia, hagamos un análisis serio y profundo de cada una de las actividades de todos los operadores del sistema de justicia y una vez que se haga, poner cuáles son obstáculos y las posibles soluciones”. 

Consideró que, sin independencia judicial, la justicia se ve comprometida, los ciudadanos pierden la confianza en el sistema legal y la sociedad se perpetua como un espacio de violencia y discriminación. “No me parece que una forma de solucionar algo sea destruirlo completamente”.

La secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, María Gabriela Rolón Montaño, mencionó que actualmente ninguna ley dice que la jurisprudencia debe ser obligatoria para las autoridades administrativas, solo es obligatoria para los tribunales y esto genera que todo termine judicializado. 

“Los invito a que vean las estadísticas en materia administrativa de cuantos asuntos en materia de pensiones se reciben en los tribunales colegiados, porque las autoridades administrativas no aplican las jurisprudencias, se van los jubilados al juicio de nulidad, la sala declara la nulidad; no obstante, eso promueve juicios de amparo o recursos de revisión y esto sobresatura”, añadió.

El profesor de la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación, Luis Tapia, expresó que desafortunadamente se discute una reforma al Poder Judicial incompleta y aplaudió que se llevará un foro sobre procuración de justicia, pero “esperamos se incluya a las fiscalías”, ya que se denuncian ocho de cada cien delitos y la mitad de ellos llegan al Poder Judicial. 

Mencionó que en ninguna parte de la propuesta se dice que la elección por voto popular es un mecanismo para perseguir la corrupción y, si así fuera, “nosotros debimos haber revisado que en México ya no hubiera corrupción en los demás puestos de elección popular. Nadie está diciendo que no haya que reformar al Poder Judicial, el problema es resolver o decidir con información sesgada y no completa”.

Marco Barrera Vázquez, abogado y activista en derechos humanos, sostuvo que todas y todos los ciudadanos tienen la capacidad de evaluar; sin embargo, en el sistema actual en México ninguna persona evalúa el desempeño de los jueces. Pidió centrar la discusión no en el Tribunal de Disciplina porque es verlo como el castigo. “La clave debe ser el órgano de gobierno, no el de castigo”. 

Hizo mención que es una reforma política y que está en juego es el Poder Judicial de la Federación, pues ya no va a ser un poder con prominencias sobre el Legislativo, sino ahora va a ser el tercer poder. “Ese en el sentido de una reforma y ese es el calado de lo que tenemos que discutir”.  

Manlio Fabio Casarín León, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, consideró que el país necesita una transformación de su aparato de justicia y se debe diagnosticar y discutir de manera responsable, abierta, plural y transparente la construcción de la mejor reforma, así como pugnar por un verdadero federalismo judicial que haga posible la descentralización de la justicia, que es una demanda permanente del pueblo con el ahorro de costos, tiempos y esfuerzos. 

Planteó revisar nombramientos de ministros, magistrados y jueces a partir de amplios procesos de convocatoria, escrutinio público, deliberación y designación por parte de los poderes electos democráticamente. Se debe privilegiar la formación técnica, la trayectoria profesional e idoneidad, ya que la legitimidad del Poder Judicial no puede tener su justificación en las urnas, sino única y exclusivamente en la calidad y consistencia de sus decisiones para cumplir y hacer cumplir los valores y principios consagrados en la ley fundamental.

A su vez, el secretario general de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación Enrique Galicia López, planteó que en el Órgano de Administración Judicial labore con un presupuesto que permita la creación de órganos jurisdiccionales de más plazas de trabajo y vele por un incremento salarial acorde a las responsabilidades para personal operativo y mandos medios.

Sugirió modificar el proceso de contratación de personal y dijo a las y los trabajadores que “estaremos atentos al dictamen que se presente y si incluyen las propuestas, y advertimos que, si no son respetados nuestros derechos laborales e incluida la carrera judicial, tengan la certeza de vamos a convocar a la manifestación y protesta”. 

Jacobo Mérida Cañaveral, doctor en Derecho e investigador, señaló que el Poder Judicial sólo es receptor del trabajo de otras partes del ecosistema de justicia, por lo que se debe dejar de considerar que también intervienen en la tarea de las fiscalías y policías.

Para lograr la participación de la ciudadanía en el Poder Judicial, indicó, se tendrá que impulsar la justicia abierta y sugirió que el Tribunal de Disciplina sea una especialización de la justicia.

Laurence Pantin, directora general de la Fundación para la Justicia (FJEDD), comentó que es importante que el tribunal no sea la instancia investigadora, pues sí se quiere respetar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esto tiene que quedar en otro órgano porque no puede ser el mismo el que investiga, sustancia y resuelve. 

Agregó que otro riesgo que se encuentra con la iniciativa es que no prevé quién investigaría y, en su caso, sancionaría a los propios magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial en caso de que ellos también puedan incurrir en faltas administrativas graves.

Al clausurar este foro, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) consideró necesario que la ciudadanía sea participe en el Poder Judicial, ya que actualmente los poderes del Estado en su mayoría son electos; de ahí, la viabilidad de que ministros, magistrados y consejeros se integren a este modelo. 

Agregó que el Consejo de Judicatura Federal no sólo debe estar integrado por abogados y órganos colegiados, sino también por trabajadores y campesinos.