Amplio reconocimiento en el país a la reforma del Poder Judicial, afirma presidenta del Senado

Durante una conferencia magistral que impartió en el Colegio Militar, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, afirmó que, en el país hay un extenso reconocimiento de transformar al sistema judicial, “pues enfrenta una realidad de corrupción, parcialidad, ineficacia y falta de acceso a la justicia”.

La senadora realizó un balance sobre los “Logros y perspectivas de la actividad legislativa de la Cámara de Senadores”.

Dijo que uno de los principales retos de los legisladores, para el próximo sexenio, es asegurar que las reformas recientemente aprobadas se consoliden, que se traduzcan en cambios tangibles y positivos para la sociedad. 

Ana Lilia Rivera enfatizó que, la mayoría parlamentaria en la Cámara de Senadores continuará con su labor para construir un México más justo, inclusivo y democrático. En este sentido, destacó el impulso de los legisladores a la reforma al Poder Judicial y de la soberanía alimentaria.

Explicó que la reforma al Poder Judicial permitirá un sistema judicial más justo, transparente, austero, eficaz, confiable y accesible para todas las personas sin discriminación alguna. 

La legisladora recordó que se busca reducir de 11 a nueve el número de ministras y ministros; disminuir la duración de su encargo de 15 a 12 años; y eliminar las dos salas en las que está dividida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dejar su operación sólo en sesiones plenarias.  

Dijo que esta reforma pretende establecer que las remuneraciones de las ministras y los ministros y de los jueces no pueden ser mayores a las percepciones del titular del Ejecutivo Federal.

Otro aspecto, agregó, es elegir por voto directo a las ministras, ministros y jueces de distrito, con elecciones cada tres años; abrir la posibilidad de que cualquier persona o autoridad pueda presentar denuncias contra los ministros, los magistrados, los jueces y el personal del Poder Judicial en su totalidad.

Ana Lilia Rivera dijo que, también se tiene el objetivo de transformar el actual Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a dos nuevos órganos independientes, uno para administrar el sistema en su conjunto, incluyendo la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y un Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos supervisarían a la SCJN. 

Además, destacó, se propone un periodo máximo de seis meses para resolver los asuntos, y que las entidades federativas reformen su legislación local para garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía, además de la creación de órganos independientes para su administración y disciplina. ​

La presidenta de la Mesa Directiva subrayó que, durante las LXIV y LXV Legislaturas se aprobaron 24 decretos, con los que se reformaron 63 artículos de la Constitución Política, una labor muy complicada, porque se tuvieron que generar los consensos necesarios con los demás Grupos Parlamentarios para lograrlas. 

Mencionó que, entre las reformas constitucionales que se aprobaron durante el sexenio están la de extinción de dominio, para la creación de la Guardia Nacional, la reforma educativa, de paridad de género, revocación de mandato y consulta popular. 

Señaló que, para el Senado de la República, no sólo es importante la promulgación de leyes,sino también la supervisión y evaluación de las mismas. Además de que esta Cámara trabaje en colaboración con otras instituciones gubernamentales y con la sociedad civil para monitorear el progreso y realizar los ajustes necesarios. 

Entre otros temas, destacó que, para el próximo sexenio abordarán las propuestas de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, entre ellas, la adición al artículo 4 constitucional, para que los estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas cuenten con una beca universal, y un cambio a la misma disposición para que las mujeres de entre 60 y 64 años reciban una pensión no contributiva.