La reforma judicial planteada no aborda al sistema de justicia de manera integral: Magistradas María Emilia Molina y Julia María García
El mejoramiento integral del sistema de justicia y la protección de los derechos humanos de la sociedad, deben ser los parámetros irreductibles de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que se discute actualmente, coincidieron en señalar las magistradas de Circuito María Emilia Molina de la Puente y Julia María García González.
Destacaron la importancia de analizar el impacto que tendrá dicha reforma en la protección de las libertades y los derechos de todas las personas, especialmente de grupos vulnerables como son niñas, niños, migrantes, que atraviesan por un proceso judicial y que no pueden votar para elegir a las nuevas personas juzgadoras como se pretende.
La función jurisdiccional no busca la popularidad
Durante el programa “La Reforma Judicial a Debate”, de Justicia TV, la magistrada Molina de la Puente señaló que hay un desconocimiento por parte de la sociedad, en torno a la labor de las personas juzgadoras federales, además de que la citada reforma no contempla la paridad de género.
Refirió que la Judicatura Federal realiza su trabajo en función de lo que los abogados y defensores de las víctimas, así como los agresores les entregan; y enfatizó que cada controversia que analizan y los fallos que emiten lo hacen con estándares de derechos humanos y con el mejor profesionalismo, sin tener interés en ninguna de las partes.
La también integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
reconoció que en el PJF hay cosas que mejorar para hacer más eficiente la impartición de justicia; sin embargo, se está dejando fuera a los principales operadores de la justicia, como son los policías, ministerios públicos, defensores públicos y litigantes. “El sistema de justicia no es solo el Poder Judicial federal”, agregó.
Al referirse a la propuesta de votar a las nuevas personas juzgadoras, Molina de la Puente afirmó que las y los juzgadores no trabajan para ser populares, “porque esa no es nuestra función. Nuestra función es resolver los asuntos a costa de nuestra popularidad, a costa de recibir amenazas, a costa de recibir presiones y no acatarlas; pero sabiendo que nuestra función es mucho más trascendente que una popularidad o una reelección. Nuestro trabajo tiene que ver con la trascendencia de un Estado de derecho, con la paz social”, precisó.
Los pesos y contrapesos dan viabilidad a la convivencia social
Mientras tanto, la magistrada Julia María del Carmen García González, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Naucalpan, Estado de México, advirtió que la iniciativa de reforma judicial se está olvidando de la dignidad y los derechos fundamentales de los mexicanos. “Las garantías individuales son la piedra angular para tener una mejor y adecuada impartición de justicia”.
Desafortunadamente, añadió la magistrada García González, se observa que en la sociedad hay una gran desconfianza y descontento de todo el sistema de procuración de justicia, lo que ha provocado que en ocasiones las personas hagan justicia por propia mano. Por ello, “quienes procuran justicia, especialmente fiscalías, deben de analizar las cosas para integrar una buena indagatoria, y posteriormente la entreguen adecuadamente a las personas juzgadoras federales”, añadió.
La Magistrada se pronunció por tener un Poder Judicial capacitado, sólido, con autocrítica, que garantice el respeto a los derechos y libertades de todas las personas, especialmente de los grupos vulnerables que requieren de la justicia federal una protección reforzada.
Debemos tener un Poder Judicial fuerte que sea contrapeso de los poderes públicos y garantice que no se violen los derechos y libertades de las personas. Los pesos y contrapesos son un elemento crucial de una República. Debemos seguir preservando la sana división de poderes, de lo contrario se socavan las bases mismas de la convivencia diaria, concluyó la magistrada García González.
