El sistema de justicia es perfectible y la autocrítica es indispensable para mejorar: Ministro González Alcántara Carrancá

En el Poder Judicial de la Federación (PJF) reconocemos que el sistema de justicia federal es
perfectible y sabemos que, en este punto, la autocrítica es indispensable para mejorar, afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), Juan Luis González Alcántara Carrancá, al inaugurar la décima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que se realizó en la ciudad de Puebla.

Al referirse a la reforma sobre el Poder Judicial que impulsa el Poder Ejecutivo Federal, el Ministro enfatizó: “el diálogo que estamos dispuestos a entablar para llegar a formular mejoras estructurales no podría ser otro que el basado en la evidencia y en el fruto de un diagnóstico, basado en información objetiva, como real; en donde se escuche, en donde se intercambien ideas, se dialogue con los operadores y actores involucrados, éstos son precisamente los objetivos que guían, sin duda, el ejercicio democrático y cultural que hoy nos convoca”.

El Ministro manifestó que la defensa de las instituciones del país que con tanto esmero se han construido, nos emplaza a todas y todos, más allá de colores, ideologías o banderas.
Consideró que la independencia judicial se satisface cuando se juzga desde el derecho, no desde relaciones de poder, no desde los juegos de intereses o de cualquier concepto ajeno al mismo.

“De manera que sólo podremos hablar de un Poder Judicial independiente cuando sus resoluciones, cada una de sus resoluciones, atiendan únicamente a las razones que el derecho le proporciona. Ésa es la realidad a la que debemos de aspirar todos los juzgadores”, dijo.

En esta ocasión, se contó con la participación de la comisionada Andrea Viviana Pochak, relatora para México y comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien celebró estos Encuentros y dijo que desde, la Comisión, se acompaña en estos procesos.

“Sabemos de las necesidades que existen en México, como en muchos de los países de la región, para mejorar la situación de la seguridad y la justicia. La justicia en nuestros países tiene que rendir cuentas, hay muchos problemas vinculados con la impunidad; muchas víctimas de violaciones de derechos humanos están años y años esperando que se haga justicia; en muchos casos en nuestros países, la justicia llega tarde o no llega. Estos espacios para poder conversar qué reforma se necesita para mejorar la justicia y para mejorar la seguridad, son bienvenidos y cuentan con la CIDH en este proceso”, agregó.

Por su parte, Miguel Ángel Toro Ríos y Valles, decano regional Centro Sur de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, comentó que el objetivo de estos Encuentros es trabajar en conjunto para obtener un diagnóstico plural; complementar los puntos de vista no sólo de expertos, sino también de miembros de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos; y generar líneas de acción para las autoridades identificadas como responsables en los procesos; es decir, no solo diagnosticar problemas sino también propuestas efectivas y aplicables.

En tanto, el magistrado de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para
Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Pedro Sánchez Ortega, dijo que el pueblo aclama y reclama justicia, por lo cual, es necesario escuchar opiniones para construir políticas públicas. Dijo que se encuentran comprometidos con la población, por lo que, es relevante escuchar opiniones, voces y aportar ideas que permitan en un tiempo inmediato, generar el diagnóstico y la política pública que permita mejorar la seguridad y la justicia.

Para esta décima edición se registró la participación de más 250 personas usuarias del sistema, integrantes de la academia y sociedad civil de los estados de Puebla y Tlaxcala, las cuales se distribuyeron en 21 mesas de trabajo.

En el presídium, también estuvieron presentes: el diputado Jorge Luis Velez Pavia del Congreso de Puebla; el doctor Ulises Sandal Ramos Koprivitza, fiscal en Derechos Humanos de la Fiscalía General de Puebla; Arturo Madrid Echegaray, subsecretario jurídico de la Secretaría de Gobernación de Puebla; Miriam Olga Ponce Gómez, abogada general de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Jorge Francisco Rocha Orozco, director general del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla; María Luisa Núñez Barojas, fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla; Geovanny Pérez López, del Centro de Estudios y Desarrollo Humanista de Tlaxcala A.C.; Pedro Molina Flores, titular de la Unidad de Desarrollo y Servicio Civil de Carrera de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala; y José Carlos León Contreri, director de Estudios Políticos y Sociales de la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala.