Cuando la salud del “Cártel de las medicinas” se afectó

Por Mario A. Medina 

Durante seis años, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue objeto de una guerra implacable por parte de quien él identificaba como “la mafia del poder”.

Efectivamente desde antes, en sus dos intentos anteriores por llegar a la primera magistratura del país, enfrentó una serie de descalificaciones para que no llegara a Palacio Nacional. Fueron cientos, tal vez miles de millones de pesos que se gastaron para que no cumpliese con ese propósito. Repetían sobre su persona: “López Obrador, un peligro para México”.

En su tercera tentativa, arrasó. Más de 33 millones de mexicanos votaron por él a pesar de diversas acciones en su contra para que perdiera. Igual que en las dos elecciones anteriores, fueron toneladas de dinero que grupos de poder, nacionales e internacionales, invirtieron, porque, efectivamente, sabían que Andrés Manuel no era un peligro para el país, tampoco para los mexicanos; para ellos sí. 

Cuando el presidente tenía un año de haber protestado como jefe del Ejecutivo, el 1 de octubre de 2019, se “inicio el proceso de la compra consolidada de medicamentos y material de curación para el Sistema de Salud”; se anunciaba que la compra consolidada 2020, incluía “licitaciones públicas y adjudicaciones directas para medicamentos genéricos y material de curación, para medicamentos de patente, como oncológicos, cardiovasculares, metabólicos (diabetes), antibióticos, planificación familiar, hematológicos y vacunas”, entre otros. 

Se destacaba que las licitaciones deberían favorecer a la población y tener, además, “ahorros significativos para el Estado”. Previo análisis, desde las Secretarías de Salud y Hacienda y Crédito Público, descubrieron cómo desde administraciones pasadas del PAN y PRI se había favorecido de manera corrupta a un grupo de laboratorios y farmacéuticas nacionales y extranjeras.  

Aquella licitación generó entre los propietarios de farmacéuticas y laboratorios nacionales e internacionales, mucho más que enojo; el gobierno les había cancelado todas las prebendas con las que, los llamados gobiernos neoliberales, los habían beneficiado y les habían permitido “ganar” miles de millones de pesos. Esta vez no iba a ser igual.

Fue entonces que, juntas, farmacéuticas, laboratorios y políticos dueños también de este tipo de empresas, se confabularon para idear una guerra contra el gobierno lopezobradorista; pero fue cuando la pandemia de Covid-19 aprovecharon la desgracia sanitaria para “ahorcar” al gobierno y responsabilizarlo de la falta de medicamentos, particularmente los que tenían que ver con el cáncer.     

En el documento: “Operación desabasto; así se detonó la escasez de medicamentos”, publicado por la “Alianza por la salud alimentaria”, se puede observar cómo, desde una fundación, una “Élite empresarial coopta la salud pública en México”, le permitió hacer  de los medicamentos un negocio súper millonario. 

Se desnudan los propósitos y quiénes forman parte de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), una organización privada, que “incide en las políticas públicas a través de diferentes estrategias, como cabildeo con funcionarios públicos, acuerdos con hospitales públicos y convenios con universidades públicas para desarrollo e investigación”.

Detrás de la Funsalud “están algunas de las familias élites más poderosas de México, así como empresas nacionales y multinacionales que buscan beneficiarse de su posición en la fundación”, por ejemplo Bimbo o Nestlé. 

Claudia Ocaranza y Omar Escamilla, señalan ahí que “lejos de la narrativa de la fundación, de “ser un referente técnico-científico en la generación de ideas, reflexiones y fórmulas para elevar el estándar y equidad en salud”, su propósito verdadero es “beneficiar los intereses privados de sus asociados”. Christian Torres, coordinador del área de Conflicto de Interés de El Poder del Consumidor, señala por su ´parte, que intervienen para que las políticas públicas en materia de salud “se hagan a su modo y para su beneficio”.

La Funsalud fue constituida en 1985 por 21 empresarios mexicanos y extranjeros, donde no sólo participan financieros dedicados al ramo de la salud; forman parte también, dueños de consorcios del ramo alimenticio incluso de mineras, constructoras. Destaca, por ejemplo, 

Claudio X González Laporte, padre de Claudio X González, cabeza principal de “Sí por México”, el grupo aliancista de derecha opositor al gobierno de Morena. 

Forman parte también, “empresas que tienen representación a través de los asociados de Funsalud, como Grupo Empresarial Ángeles de Olegario Vázquez Aldir, hijo del también empresario Olegario Vázquez Raña, dueño de la cadena de hospitales privados “Ángeles” y del Grupo Imagen, tercera cadena “nacional” de televisión; además Grupo Nacional Provincial (BMV/GNP) con Alejandro Baillères, Grupo Financiero Inbursa (BMV/GFINBUR) con Marco Antonio Slim”.

Cuando el presidente López Obrador y el entonces subsecretario de Salud, Hugo López Gatell explicaron en 2019 de cómo fueron beneficiados con contratos multimillonarios ciertos grupos empresariales mediante actos de corrupción, y la decisión de vetar a las empresas para poder participar en las licitaciones en la venta de medicamentos y vacunas para el 2020, fue que estos grupos arreciaron sus campañas negativas contra ambos y el gobierno en general.   

El gobierno los acusó también de provocar a propósito el desabasto de preparados y vacunas; por ejemplo, denunció que las protestas de familiares con cáncer en buena medida estuvieron instigadas por éstos, pue sí bien los familiares tenían razón por la falta de medicinas para el cáncer, su falta tuvo que ver con la intervención de los laboratorios y farmacéuticas reprobados para provocar enojo de familias, amigos y de la población.       

“Las protestas por el desabasto no se tratan de ningún ataque planeado desde algún poder fáctico”, llegaron a asegurar los señalados, pero un hecho es claro, la mayoría de quienes forman parte de la Funsalud y otras organizaciones empresariales, han sido acusados de financiar todo tipo de campañas contra el gobierno.   

Un ejemplo de esto, fue el libro: “Un daño irreparable; la criminal gestión de la pandemia en México”, que se publicó con el nombre de una odontóloga, Laurie Ann Ximénez-Fyvie. De manera destacada a la dentista se le abrieron docenas de micrófonos de radio y televisión, y de diarios cuyo  objetivo era evidente, descalificar al presidente y al funcionario, a quien estos empresarios responsabilizan, de haberles cancelados los contratos  que tenían con  los gobiernos anteriores 

Cuando se conoce cómo operan estos grupos y los intereses que representan, es claro que no es que quieran salir en defensa de quienes reclamaron la falta de medicamentos para el cáncer o para quienes se contagiaron del Sars-Cov2 y murieron; su propósito fue “cobrarle” a López Obrador y a Hugo López Gatell que, por su culpa, “la salud financiera” del llamado “Cártel de las Medicinas”, fue afectada. 

Eso fue lo que detonó esa campaña que todavía en este 2024 sigue viva.

Que no le cuenten…

Si Ricardo “N”, alias “El Azteco” no quiere contribuir con el pago de impuestos, entonces por qué la sociedad deje de contribuir para que sus negocios sigan ganando. Cambiemos de canal, de banco, de tiendas, de motos