Manejo presupuestal eficiente y transparente durante 2023 en el CJF
Mediante el ejercicio eficiente y transparente del presupuesto público asignado al
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para 2023, se garantizó el funcionamiento
adecuado de los órganos jurisdiccionales y la independencia judicial.
Al cierre del presente ejercicio presupuestal, el CJF confirmó que 85 por ciento del gasto se destinó al Programa de Impartición de Justicia, con lo que se atendieron las prioridades institucionales establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2026, definido por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
Los recursos ejercidos se enfocaron al fortalecimiento de la función jurisdiccional, a
través de la consolidación de los sistemas de Justicia Laboral y de Justicia Penal
Adversarial, así como de los 919 órganos jurisdiccionales que integran al Poder Judicial
de la Federación (PJF).
La independencia judicial, que implica la correcta aplicación del presupuesto, forma
parte de una de las ocho Líneas Estratégicas de Trabajo de la Ministra Presidenta
implementadas por el Consejo; es así que se estableció, entre otras metas, la obtención de ahorros mediante la aplicación de medidas de racionalización y austeridad para lograr una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos.
Criterios claros para designar a personas juzgadoras
Como parte de la mencionada línea estratégica, el CJF aplicó criterios claros en los
concursos de oposición por los que se designó a juezas, jueces, magistradas y
magistrados y personal de órganos jurisdiccionales. Además, la Escuela Federal de
Formación Judicial (EFFJ) brindó capacitación continua al personal.
Por otra parte, para garantizar a las personas un ejercicio responsable, profesional,
honorable e independiente de la función jurisdiccional, se mantuvo la vigilancia sobre
aquellos servidores públicos que hubieran incurrido en una falta disciplinaria.
De esta manera, durante el año en curso, se recibieron cuatro mil 800 quejas y denuncias contra personas servidoras públicas adscritas a órganos jurisdiccionales y 893 quejas relacionadas con personal administrativo, las cuales fueron turnadas para su análisis y resolución a los órganos competentes.
