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Avión presidencial deja México tras ser vendido al gobierno de Tayikistán

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que en el marco de la política de austeridad republicana, el Gobierno de México concluyó el proceso de enajenación de la aeronave Boeing 787-8 denominada Avión Presidencial.

“Esta venta se realizó bajo cuatro criterios: el primero, se tenían que conseguir las mejores condiciones; segundo, el precio no podría ser menor al valor comercial determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin); teníamos que atender en todo momento la normatividad aplicable y lo íbamos a hacer a través de la coordinación con las dependencias e instancias competentes”, dijo el funcionario.

En la conferencia de prensa mañanera, Mendoza Sánchez explicó que la aeronave que, en su momento se identificaba con la matrícula TP- 01, fue enajenada al Comité Estatal de Inversiones y Administración de Propiedades Estatales, dependencia del Gobierno de la República de Tayikistán, país joven y dinámico ubicado en Asia Central.

Detalló que la compraventa se llevó a cabo a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), y se concretó en 92.1 mdd (mil 658.7 mdp), de conformidad con el valor comercial determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

El proceso de compraventa se llevó a cabo atendiendo a la normativa vigente y asegurando las mejores condiciones para ambas partes.

En 2012, la aeronave fue adquirida por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para uso presidencial a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), operación instrumentada a través de un contrato de arrendamiento financiero con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Comentó que los recursos obtenidos del proceso de enajenación, 1,229.8 mdp serán empleados para finiquitar el contrato de arrendamiento financiero y el IVA correspondiente a la transacción y, en su momento, serán aprovechados por la SHCP para canalizarse a obras y acciones en el sector salud que contribuyan al bienestar de las y los mexicanos en los estados de Guerrero y Oaxaca.