Combate a corrupción y opacidad, presentes en la Cámara de Diputados con DECLARA_DIP

La Cámara de Diputados combate la corrupción y promueve la transparencia de los servidores públicos que laboran en ella, incluyendo las y los legisladores, afirmó el director general de Registro y Evolución Patrimonial de la Contraloría Interna, Hugo Eduardo Martínez Padilla.

DECLARA_DIP es una plataforma digital en la que los 7 mil 290 servidores públicos que trabajan en este recinto, incluidos las y los 500 diputados federales, deben realizar su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, de conformidad con el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
 
El portal es un entorno sumamente amigable, en donde los servidores públicos interactúan para transparentar sus bienes e ingresos con base en un desarrollo sistemático creado por programadores y desarrolladores que trabajan dentro de la Contraloría Interna.
 
Toda la información queda reservada en los servidores con los candados de seguridad más modernos diseñados con recursos técnicos y humanos pertenecientes a la Contraloría Interna, quien por su parte verifica periódicamente y de manera aleatoria la información que se proporciona.
 
Martínez Padilla señaló que para llevar a cabo este proceso no se recurre a entes o empresas externas, pues se pone en riesgo la garantía de la seguridad de la información de los funcionarios públicos.
 
“Platicamos con las fracciones parlamentarias hace dos años y siempre externaban la necesidad de tener una garantía de seguridad con respecto a su información, porque la declaración patrimonial existe en dos vertientes: una que está sujeta a escrutinio y vigilancia de esta Dirección General, y por el otro lado, la que es de acceso al público.
 
Trimestralmente subimos las declaraciones de los funcionarios públicos en la página de transparencia de la Cámara de Diputados, y solamente interviene personal propio de la Contraloría Interna sin la injerencia de un ente externo”.
 
Destacó que este plan de trabajo ha sido exitoso, toda vez que, del universo de 7 mil 290 servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, este año sólo se tiene un rezago de alrededor de 260 omisos, es decir, menos del 1 por ciento.
 
“Los diputados y diputadas, desde el inicio del proceso no han sido omisos, hemos tenido el 100 por ciento de sus declaraciones iniciales y de modificación; han cumplido siempre en tiempo y forma”, dijo.
 
Aclaró que esta situación no es permanente, ya que la ley estipula que, de no hacerlo, podrían perder su empleo, por lo que tendrán que presentar su declaración, aunque sea en calidad de extemporáneos.
 
Explicó que los funcionarios tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial en tres fases: al inicio, dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión de su cargo; posteriormente, realizan una modificación de la misma en el mes de mayo de cada año y al final de su gestión registran una conclusión; pueden hacerlo vía internet.
 
Además, añadió, mediante una base de datos de correos (electrónicos) y el WhatsApp, se les envían banners para informarles sobre los plazos o retrasos.
 
Hugo Eduardo Martínez apuntó que en 2019 el Sistema Nacional Anticorrupción emitió un formato único estandarizado para la declaración patrimonial que ya implementa la Cámara de Diputados de manera digital y realiza un muestreo para poder realizar una verificación en esta materia de forma aleatoria.
 
“Vamos a la vanguardia. En este momento, la Cámara de Diputados, con recursos propios hemos logrado llegar hasta la verificación”, resaltó.
 
Sostuvo que actualmente se trabaja en la implementación de un sistema de alertas, con el objetivo de detectar irregularidades y que, en su caso, el funcionario pueda aclarar su situación, así como realizar mejoras para garantizar la calidad de la información, como parte de la verificación de su evolución patrimonial.
 
De esta manera, enfatizó el funcionario, la Cámara de Diputados cumple en tiempo y forma con sus obligaciones de dar seguimiento a la declaración patrimonial de los servidores públicos, y promover el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.