CNDH inicia queja de oficio ante hechos violentos ocurridos en La Corregidora
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente los graves hechos de violencia ocurridos el pasado sábado 5 de marzo en el estadio La Corregidora de Querétaro, derivado del enfrentamiento entre supuestas barras de aficionados de los equipos de futbol Querétaro y Atlas, cuyo saldo de personas agraviadas es aún indeterminado.
Considerando la gravedad de los hechos, la trascendencia de los mismos a nivel nacional y el referente que puede constituir, pero sobre todo la necesidad de atender y proteger a la ciudadanía, este Organismo Nacional iniciará queja de oficio para investigar y determinar la responsabilidad de las autoridades involucradas y defender a las víctimas para asegurar su acceso a la justicia y la reparación.
De acuerdo a la información que se ha difundido en los medios de comunicación, la brutalidad de los hechos ocurridos puso en máximo riesgo a cientos de niñas, niños y adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores y familias enteras que se encontraban presenciando el evento deportivo, quienes incluso tuvieron que despojarse de su ropa alusiva al equipo de su preferencia, para resguardarse y evitar ser blanco de las agresiones.
Si bien, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol Asociación (FEMEXFUT) y la Liga BBVA MX informaron en sus redes sociales que iniciarán una investigación a fondo de lo acontecido, no puede pasarse por alto que la principal responsabilidad recae en las autoridades, obligadas a garantizar la seguridad de las personas en los eventos masivos tanto dentro como fuera de las instalaciones donde se lleven a cabo, lo que implica intervenir para contener y detener las agresiones, preservando los derechos humanos de los involucrados y protegiendo a todas las personas.
Aunque la FEMEXFUT y los equipos deportivos, así como los estadios e instalaciones que se utilizan, son empresas privadas, no debe perderse de vista que el Estado tiene, entre otras obligaciones, la de establecer un marco regulatorio adecuado que proteja la seguridad y los derechos humanos ante la actividad empresarial, la de supervisar su cumplimiento y garantizar la reparación del daño en los casos en que esta cause alguna afectación a las personas.
