Justicia corrupta
Por Mario A. Medina
El pasado jueves 8 el diario La Jornada en su nota principal destacaba declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien afirmó que “persiste la corrupción en tribunales en el país”.
La denuncia es de llamar la atención porque nunca antes, al menos que yo recuerde, un presidente de la máxima instancia de justicia del país haya reconocido públicamente la gravedad del problema en dicho poder, pues afirmó: “en los tribunales de México persiste la corrupción y quien afirme lo contrario miente descaradamente”.
Al participar en la ceremonia por los 50 años del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México, Zaldívar consideró que en el poder judicial se requiere de una política de cero tolerancia hacia esa práctica. “Tenemos que ser firmes y generar sanciones ejemplares para que la corrupción poco a poco sea una cuestión del pasado”, advirtió el Ministro.
Los mexicanos no sólo sabemos sino que hemos sufrido la corrupción de este poder, desde jueces, magistrados yministros quienes han sido señalados una y otra vez por la sociedad como parte del gran problema que representa la “corrupta” impartición de la justicia en el país.
En febrero del 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había advertido que “el juez, magistrado o ministro que brinde protección a delincuentes de cuello blanco o solape actos de corrupción”, cuando menos él lo denunciaría, que no se quedaría callado ante “transas en el Poder Judicial”.
Apenas en marzo pasado, López Obrador acusó al juez Juan Pablo Gómez Fierro de actuar “al servicio de particulares” por la suspensión provisional que dicho personaje dictó, lo que permitió echar atrás la aprobación de Ley de la Industria Eléctrica, amén de otros casos emblemáticos como lo fue también la suspensión provisional contra la reforma que planteaba la entrega de datos biométricos a quienes contrataran una línea de telefonía móvil.
En aquel momento, frente a esta decisión del juez, Arturo Zaldívar salió a la defensa de Gómez Fierro cuando argumentó que “las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía”, y es por eso que hoy llama la atención su declaración cuando acepta que la corrupción en el poder judicial se practica.
Los fallos de Gómez Fierro destacan por serías sospechas de que pudieran estar inmersos en actos de corrupción como cuando en septiembre del 2020 la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “invalidó uno de sus amparos, que impedía a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar las cuentas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) bajo el argumento de que las aportaciones que maneja este organismo tripartita “no constituyen fondos públicos”, por lo que ASF no tenía facultades para supervisarlo.
El reconocimiento de Zaldívar de que el poder judicial está corroído, contrasta cuando apenas a mediados de junio pasado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) de todo el país se dijeron ser víctimas de una campaña de descrédito en su contra “desde la cúpula del poder político para minar su credibilidad ante la ciudadanía”.
Sin mencionar nombres de quien presuntamente los descalifica, reiteraron ser víctimas de “constantes acusaciones que hay en su contra como nunca antes”, refirió la revista Proceso. Esta declaración de la JUFED choca con lo dicho por Zaldívar y por la experiencia que miles de mexicanos hemos tenido o conocido del proceder de jueces, magistrados y ministros.
Hace ya un largo rato, un caso en que se denunció aunque poco trascendió en los medios fue cuando presuntamente, después de muchos años de litigio, y cuando todo favorecía a la empresa Infored y al periodista José Gutiérrez Vivó, a éste se le sentenció pagar a Grupo Radio Centro 757 millones de pesos, determinación que resolvió el décimo segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. El fallo en sentido contrario fue producto, se decía en el medio judicial, de “un acto de alta corrupción”.
Muchos son los ejemplos que se conocen de estos señores poderosos, de quienes se dice, “del tamaño de su cargo y responsabilidad es la pedrada”. Estos “impartidores de la justicia” durante décadas han sido señalados de favorecer con su fallos de manera particular a personajes de la política, a empresarios y a consorcios nacionales e internacionales quienes han enfrentado “casos perdidos” pero que gracias a la “bondad” de los “justicieros” ganan los litigios, después de muchos ceros por su “indulgencia legal”.
De igual manera este poder ha sido acusado con sus sentencias de favorecer al crimen organizado, a líderes del narcotráfico que les permite salir libres o disminuir destacadamente sus penas, aunque habrá qué decir que “el crimen organizado y la corrupción son dos fenómenos que se hallan estrechamente relacionados donde algunos jueces se ven obligados a favorecen a estos grupos debido a lo que se ha dado por llamar “corrupción por miedo”, fenómeno que acontece cuando un servidor público accede a actuar de forma contraria al deber jurídico, cuando es amenazada su integridad personal o la de su familia.
Otro ejemplo, y éste más que documentado, es la corrupción cuando acusan de nepotismo al Poder Judicial de la federación. Centenas de jueces, magistrados y ministros de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a toda su parentela, esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados ysuegras, incluso, “hasta amantes”, quienes son beneficiarios de cargos sin cumplir los procedimientos para acceder a una responsabilidad de ese nivel o simplemente cobran sin laborar.
Uno más, que es una práctica común que se da entre personajes de este poder y periodistas cuando a estos últimos les filtran información que de una u otra manera puede afectar la detención de un imputado, cuando un reportero o columnista “gana la nota” al dar a conocer en “exclusiva” que “se habrá” de girar orden de aprehensión contra gran malhechor.
Sí, desde luego el reportero hace su trabajo, pero el juez o quienes están alrededor de él y saben del acto que se llevará a cabo, cae en un posible delito, permitiendo que el acusadopueda sustraerse de la justicia. De estos casos hay muchos que han permitido a los acusados huir del país, por lo que dichas filtraciones pueden ser consideradas como un acto de corrupción.
Que no le cuenten…
Un buen de morenistas no podían creer lo que en su cuenta de Twitter había escrito y luego lo borró el presidente nacional de Morena, Mario Delgado: “Es obsceno que quieran manchar al Presidente por una donación de 150 mil pesos, cuando ellos recibieron millones y comprometieron la soberanía del país con grandes empresas y empresarios”. La misma expresión de asombro y enojo la repitieron hasta en Palacio Nacional: ¡“Que pend…”! Será que desde ahí le ordenaron: ¡Quita eso pend…!