Proponen comisión especial que investigue corrupción en Pemex en sexenios pasados

En sesión a distancia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Salomón Jara propuso a las Cámaras de Senadores y Diputados crear una Comisión Especial de Ética, Honor y Verdad, para que investigue el funcionamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Dicha comisión, precisó, debe coadyuvar con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones sobre presuntos sobornos a legisladores y funcionarios federales durante ambos sexenios.

Al presentar el punto de acuerdo, el senador del Grupo Parlamentario de Morena resaltó que en fecha reciente se confirmó la existencia de una red de corrupción transexenal que involucra a empresarios, legisladores federales, secretarios de Estado y expresidentes de la República, quienes jugaron un papel protagónico en un “esquema de sobornos que hizo posible la aprobación de reformas legislativas y la asignación de diversas concesiones por parte del gobierno”.

Esto, afirmó el legislador, es una muestra clara y contundente de la existencia de un pacto de corrupción e impunidad promovido y protegido desde las estructuras más altas del Estado.

En tanto, legisladores de Morena y sus aliados políticos se enfrascaron en un debate con el PAN por el caso Lozoya y la difusión de un video en el que colaboradores de los entonces senadores panistas Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro, reciben los presuntos sobornos por la aprobación de las reformas estructurales.

Los representantes de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social, reiteraron que Acción Nacional es una oposición moralmente derrotada.

Sin embargo, la oposición demandó al gobierno no aplicar la justicia de forma selectiva, al denunciar que a Emilio Lozoya se le da un trato preferencial, pues de preso en una cárcel en España, llegó a México para ocupar una suite VIP en un hospital y, ahora goza de completa libertad, cuando desfalcó al erario público.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, pidió que este gobierno castigue los actos de corrupción, pero demandó a la Fiscalía General de la República actúe con plena autonomía en sus investigaciones, para no convertir este caso en un ‘circo político-electoral’.

“El juicio debe ser con base a resultados, tomando en cuenta en que la prioridad es que no haya impunidad y no sea solamente un circo político-electoral. (…) Pero, que no se use la justicia como un medio político, sería muy lamentable acudir a la nefasta práctica justamente del anterior régimen en ese sentido”, sostuvo.

Geovanna Bañuelos, coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado, precisó que las investigaciones de la FGR no se tratan de revanchismo político, responden al clamor de justicia y a la necesidad de erradicar corruptelas desde el gobierno.

“En suma el caso Lozoya es la confluencia de diversos actores en asociación delictuosa. El caso Lozoya representa al Cártel del Sexenio Peñista. (…) El caso Lozoya es el sello y el emblema de la corrupción política de este país, en su historial de excesos, corruptelas y dispendio tiene como antecedente la creación del club del millón de dólares”.

Antares Vázquez, senadora de Morena, dijo que es necesario exhibir y castigar a las y los culpables de la comisión de estos delitos, aludiendo a diversos miembros del PAN relacionados con posibles actos de corrupción durante la aprobación de la reforma energética.

“Nada más que ahora aquellos que se sentían invulnerables, esos que fanfarronamente decían que no había pruebas y que no era cierto y, que todo era conforme a derecho, pues ahora están pues temblando, ahora sí, están sujetos al escrutinio público. No sólo están siendo evidenciados, sino que pronto, espero, estén sujetos a proceso. Sin embargo, en el ánimo de la gente, en la opinión pública están aniquilados. Esa oposición moralmente derrotada ya está también derrotada en otras arenas, la gente ya no les cree”.

Imelda Castro, senadora de Morena, exigió la renuncia de aquellos servidores públicos involucrados en este caso, para que no interfieran en el desarrollo de las investigaciones.